La profesión del detective privado se halla regulada en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Dicha ley entró en vigor el dia 5 de junio de 2014, derogando la anterior 23/92.

Dicha Ley, en su artículo 48, habilita exclusivamente a los Detectives Privados la investigación para averiguar las acciones que resulten necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros legítimos  información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuando aquellas que se desarrolle en domicilios o lugares reservados.

También será su competencia la obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en hoteles, feria, exposiciones, escpectaculos, certamentes, convenciones, grandes superficies comerciales y lugares públicos con gran afluencia de público.

Artículo 50. Deber de reserva profesional.

1. Los detectives privados están obligados a guardar reserva sobre las investigaciones que realicen, y no podrán facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.
2. Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigación criminal o de un procedimiento sancionador se podrá acceder al contenido de las investigaciones realizadas por los detectives privados

Artículo 102. Prohibiciones.

1. Los detectives no podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegará a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido, relacionados con dichos delitos.
2. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones (artículo 19.3 y 4 de la Ley de Seguridad Privada.)

Artículo 103. Carácter reservado de las investigaciones. Los detectives privados están obligados a guardar riguroso secreto de las investigaciones que realicen y no podrán facilitar datos sobre éstas más que a las personas que se las encomienden y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

Cuando un detective está habilitado para tal función, las leyes son claras en cuánto al valor judicial de sus informes. De una parte, la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 265, reconoce expresamente su informe como “forma específica y distinta de prueba testifical”. Además, en el artículo 380.2 de dicha ley, se expone “el reconocimiento de informe pericial (dictamen) en estos mismos cuando contengan conclusiones y observaciones basadas en conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos”.

Como refuerzo de dicha ley, cabe destacar que el Tribunal Supremo reconoce a un detective privado habilitado como “testigo cualificado en un proceso judicial”. De esta manera, se convierte en un medio de prueba dotado de exclusividad por su condición de profesional legalmente habilitado por el Ministerio del Interior (figura recogida en la Ley de Seguridad Privada) y porque su testimonio viene respaldado por hechos e informaciones observados y/o escuchados por él mismo y verificados. Por lo tanto, no se trata de un testigo casual.

 El informe del detective privado es una prueba que se practicará en el juicio, y la LEC en su artículo 380.1 regula el interrogatorio al detective autor de dicho informe: las preguntas quedan limitadas a aquellas que se puedan realizar en relación a los hechos reflejados en el documento. Ello se diferencia de otros testigos, a los que pueden preguntar tanto sobre hechos anteriores como posteriores a aquello que se está juzgando.